Corte Constitucional precisa el alcance del derecho de las víctimas a acceder al expediente

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La negativa de la Fiscalía General de la Nación frente a la exhibición del expediente debe ser sustentada y motivada, so pena de vulneración del derecho de las víctimas a recibir información.

Javier Augusto Torres López[1]

Las víctimas tienen un amplio derecho de acceso a la justicia, que cobija el de obtener copia del expediente. No obstante, la reserva de algunos documentos del proceso penal constituye un límite infranqueable. La Corte Constitucional se ocupó de esta tensión y, con dicho contexto, precisó su línea sobre el alcance del acceso al expediente por parte de las víctimas. 

Sumario:

  1. Introducción II. Fundamentos del fallo III. Toma de postura IV. Reflexión final 

I. Introducción

El acceso de las víctimas al expediente siempre ha generado diversas posiciones. Por una parte, su confidencialidad se podría sustentar en que, dentro de este se encuentran los elementos materiales probatorios bajo los cuales el ente acusador argumentará que una persona puede considerarse penalmente responsable. Así, de su secreto dependerá el éxito de la investigación y, así mismo, de la hipótesis acusatoria. Por otro lado, desde una perspectiva más garantista, podría plantearse que el acceso de los intervinientes especiales al expediente propende por la materialización de sus derechos constitucionales. Este aspecto resulta trascendental, dado que bajo este escenario se puede concebir un ambiente de comunicación y colaboración entre las autoridades y los directamente afectados por el delito.

Pero, en medio de esta discusión, resulta válido plantearse las siguientes preguntas: ¿puede la víctima acceder a la totalidad de la información contenida en el expediente, a pesar de que, en este, se encuentre información reservada o clasificada?, ¿puede la Fiscalía General de la Nación negar el acceso de la víctima al expediente? y ¿bajo qué parámetros debe sustentar su negativa?

Recientemente, la Corte Constitucional revisó una acción de tutela[2] presentada por unas víctimas en el marco de la Ley 906 de 2004 a quienes les fue negado, por parte de la Fiscalía 3° Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la entrega de copias de ciertas piezas procesales contenidas en el expediente, alegando reserva del sumario. Dicha negativa, en palabras de los accionantes, vulneró sus derechos “al acceso a la información, a un recurso judicial efectivo, al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición”[3]. Tras haberle negado el amparo en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional seleccionó este proceso y revocó la decisión, ordenando a la Fiscalía emitir una nueva decisión debidamente motivada.

II. Fundamentos del fallo

Para resolver la tensión planteada, la Corte Constitucional reiteró que, si bien el rol de la víctima es latente en todo el proceso penal, su predominancia se evidencia en la fase de indagación y, posteriormente, de investigación[4]. Ello en la medida que son escenarios específicos en donde se materializan de forma efectiva los derechos consagrados en los artículos 11, 133 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, entre ellos, el derecho a saber, el cual se concreta con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias, desde sus inicios[5].

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación precisó que este derecho no es absoluto. Sus limitantes se circunscriben a los derroteros concretos que se tienen en materia penal para el acceso a la información y a aquellas fuentes generales que versan para el mismo efecto. Por un lado, en materia penal, la información se encuentra protegida –entre otras– por las excepciones al principio de publicidad contenidas en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004[6]. Por otra parte, las Leyes 1097 de 2006[7], 1219 de 2008[8], 1621 de 2013[9] y 1712 de 2014[10] regulan y clasifican la información con base en su carácter y disponen cierto tipo de límites a la divulgación de esta.

En este sentido, la Ley 1712 de 2014 categorizó la información en (i) pública, (ii) pública clasificada, si contiene elementos que pertenecen al ámbito propio de una persona natural o jurídica, como los datos privados, semiprivados y sensibles, cuya protección será ilimitada en el tiempo, y (iii) pública reservada, si su divulgación puede ocasionar un grave perjuicio a los intereses de la comunidad en su conjunto[11], como, por ejemplo, información relacionada con la seguridad nacional, cuya protección en el tiempo se encuentra definida en la norma que regula cada asunto.

A partir de las anteriores premisas, la Corte consideró que la Fiscalía debió motivar debidamente su negativa a la entrega de las copias solicitadas. Así, entonces, si correspondía a información clasificada, debió indicarse si los datos eran privados, semiprivados o sensibles, a fin de entender por qué las garantías procesales de las víctimas debían ceder frente al derecho a la intimidad de los titulares. Por el contrario, si la información era de carácter reservado, la Fiscalía debió fundamentar normativamente esa calificación y los motivos bajo los cuales la entrega de la información podría afectar de manera grave y actual un bien jurídico de interés colectivo[12].

Por último, la Corte manifestó que era necesario que las autoridades verificaran la existencia de medidas alternas que permitieran –con la misma probabilidad y eficacia– una menor restricción al derecho a saber de las víctimas, así como un mayor grado de protección a la información. También, se resaltó la importancia de mencionar los recursos que por ley le están permitidos invocar.

Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional, en el caso concreto, ordenó a la Fiscalía 3a Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolver, nuevamente, la solicitud de copias impetrada por el accionante bajo los criterios anteriormente señalados.

III. Toma de postura

Con relación al tema de interés, el asunto dista mucho de ser novel en la jurisprudencia constitucional. De hecho, hace más de dos décadas, la Corte Constitucional[13] precisó que las autoridades deben garantizar los derechos de rango superior o legal, en particular los fundamentales de todas las partes e intervinientes que estén involucradas en el proceso penal. En este sentido, deben abstenerse de divulgar la información reservada contenida en un expediente, por cuanto se encontrarían comprometidos derechos de altísimo rango constitucional, como la dignidad, la intimidad, la honra y el buen nombre, cuya protección debe ser integral y permanente.

Bajo esta línea interpretativa, la misma corporación, en Sentencia C-454 de 2006[14], precisó que, en el marco del sistema penal acusatorio, el deber de las autoridades con relación a la garantía de comunicación de las víctimas también debe propender por proteger el “derecho a saber”[15] las circunstancias en que se cometieron los delitos, a través del acceso al expediente o a las diligencias, desde sus primeros desarrollos. Esta postura fue reiterada en Sentencia C-516 de 2007[16], en el sentido de que el derecho de acceso a la administración de justicia por parte de la víctima comprende también el derecho a la verdad, materializado a través del conocimiento del expediente, y que el impedirlo resulta, además, dañino para los derechos de justicia y de reparación[17].

Una vez analizados los anteriores pronunciamientos, se evidencia que la postura adoptada por la Corte en esta decisión es congruente con su línea jurisprudencial de los últimos 20 años. Ello, en el entendido de que se permite a las víctimas acceder al expediente, con observancia a la naturaleza de la información que este contenga. Se resalta que, en esta ocasión, se precisó el correspondiente análisis que debe efectuar la Fiscalía ante una petición de copias del expediente por parte de la víctima, de manera que se protege el derecho a la intimidad de terceros que se pueda ver en riesgo con el acceso de los intervinientes a estas piezas procesales.

Bajo esa postura, se puede deducir que el acceso a las piezas procesales por parte de las víctimas generará un canal de comunicación con las autoridades, el cual permitirá (i) el aporte de elementos materiales probatorios nuevos que permitan esclarecer los hechos, (ii) la protección de sus derechos a través de sus apoderados, y (iii) la construcción de alternativas para que, mediante solicitudes ante los Jueces de Control de Garantías, se puedan cesar los efectos producidos por el delito.

Ahora, no se puede olvidar que en el decurso de la indagación es posible la aparición de nuevos sujetos procesales cuyos derechos también deberán ser protegidos. Así, corresponderá a la autoridad identificar el carácter de la información solicitada por las víctimas, establecer los derechos que se encuentran en tensión, y –previa ponderación– podrá tomar alternativas para que, sin el menoscabo de los derechos de las víctimas, se puedan proteger armónicamente el derecho fundamental a la intimidad, el habeas data y derechos colectivos que puedan verse en riesgo, como consecuencia de la divulgación de ciertos datos contenidos en el expediente.

En cada caso, la autoridad deberá realizar un ejercicio de análisis y, como consecuencia, si el solicitante cumple con los requisitos para acceder a esta, motivar razonadamente los paradigmas bajo los cuales se da acceso al expediente. Situación similar ocurre cuando la autoridad considera que no se puede permitir el acceso al expediente, evento en el cual deberá hacer un juicio constitucional de ponderación para sustentar y motivar su posición.

IV. Reflexión final

En vista de todo lo anterior, resulta viable considerar un escenario adicional, esto es, cuando la víctima requiera, necesariamente, información reservada de terceros o información clasificada que resulte determinante para el ejercicio efectivo de sus derechos. Al respecto, puede plantearse, como alternativa adicional, la injerencia de los jueces con función de Control de Garantías, conforme a los parámetros establecidos en los artículos 244 y 237 del Código de Procedimiento Penal, para permitir, sin restricciones, el acceso a información reservada o calificada. De este modo, se garantizaría el derecho de la víctima a acceder de forma controlada a información confidencial y, adicionalmente, se alivianaría la carga de la Fiscalía al tener que motivar este tipo de solicitudes, que si bien son necesarias, también pueden ser desgastantes.

Por otra parte, en momentos como este, en que la justicia digital ha llegado para quedarse, es importante que, para llegar al escenario planteado en la sentencia, se resuelvan aspectos más pragmáticos, como la digitalización del expediente y el fortalecimiento de las herramientas digitales para la comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Indudablemente, una vez la autoridad cuente con una plataforma que le permita manejar la información en forma rápida, ordenada y clara, así mismo, las víctimas y demás partes podrán ver satisfechos sus derechos de acceso efectivo a la administración de justicia y a la información. 

Bibliografía

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COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA TERCERA. Sentencia T-025 (27, enero, 2009). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Tercera, 2009.

 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-454 (7, junio, 2006). M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Bogotá, Corte Constitucional. Sala Plena, 2006.

 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-037. (5, febrero, 1996). M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 1996.

 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-516 (11, junio, 2007). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 2007.

 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-228. (3, abril, 2002). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 2002.

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906. (1, septiembre, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario oficial. Bogotá. 2004. No. 45.658.

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1097. (2, noviembre, 2006). Por la cual se regulan los gastos reservados. Diario oficial. Bogotá. 2006. No. 46.440.

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1219. (16, julio, 2008). Por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados. Diario oficial. Bogotá. 2008. No. 47.052.

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1621. (17, abril, 2013). Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá. 2013. No. 48.764.

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712. (6, marzo, 2014). Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá. 2014. No. 49.084.

[1] Se desempeña como abogado en la Unidad de Casos Especiales en Mauricio Pava Abogados. Profesional de la Universidad Libre de Colombia, Sede Bogotá, y especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. Posee estudios en Corporate Compliance de la Universidad De Los Andes. Concentró sus estudios en la línea de Derecho Penal participando en el desarrollo de la línea investigativa de Criminología Contemporánea, lo cual le permitió analizar la criminalidad y sus componentes desde un punto de vista sociológico. Se desempeñó como Auxiliar Judicial en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al interior de la firma, se desempeña como abogado en el Área de Operaciones. Es columnista de Diálogos Punitivos.

[2] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA SEGUNDA. Sentencia T-374 (1, septiembre, 2020). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, Corte Constitucional. Sala Segunda, 2020.

[3] Ibíd. p. 3.

[4] Etapa que inicia formalmente con la audiencia de formulación de imputación y culmina con la presentación del escrito de acusación. Ver, entre otras: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA TERCERA. Sentencia T-025 (27, enero, 2009). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Tercera, 2009. p. 19.

[5] Ver: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-454 (7, junio, 2006). M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Bogotá, Corte Constitucional. Sala Plena, 2006. p. 49.

[6] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906. (1, septiembre, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario oficial. Bogotá. 2004. No. 45.658. “Artículo 18. Publicidad. La actuación procesal será pública. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”.

[7] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1097. (2, noviembre, 2006). Por la cual se regulan los gastos reservados. Diario oficial. Bogotá. 2006. No. 46.440.

[8] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1219. (16, julio, 2008). Por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados. Diario oficial. Bogotá. 2008. No. 47.052.

[9] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1621. (17, abril, 2013). Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá. 2013. No. 48.764.

[10] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712. (6, marzo, 2014). Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá. 2014. No. 49.084.

[11] Ibíd. “Artículo 6°. Definiciones. b) Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal; c) Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley; d) Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley”.

[12] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. T-374. Óp. cit., p. 23.

[13] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-037. (5, febrero, 1996). M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 1996.

[14] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-454. Óp. cit. p. 49.

[15] Ibíd. p. 49.

[16] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-516 (11, junio, 2007). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 2007. p. 43.

[17] En esta línea, ver: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-228. (3, abril, 2002). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Plena, 2002. p. 46.