En la presente columna, se pretende responder a dos inquietudes fundamentales: En Colombia ¿existe posición de garante del oficial de cumplimiento? Y, de ser afirmativa la respuesta ¿Qué deberes componen dicha posición?
Se destaca la importancia que tienen las diferentes concepciones de la autoría en la determinación de responsabilidad penal de quienes hacen parte de la empresa.
Tradicionalmente, el delito de utilización indebida de información privilegiada ha sido concebido en nuestra legislación como un tipo que protege el patrimonio económico. Sin embargo, a raíz de los alcances lesivos reales del
En el 2014, la Corte Constitucional resaltó la importancia del principio de doble conformidad exclusivamente para sentencias condenatorias. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es conveniente contemplar su aplicación también para las sentencias absolutorias?
Las personas privadas de la libertad y sus familiares cuentan con garantías dignificantes de la situación de privación de la libertad, v. gr., la reclusión en un lugar cerca a su familia o
¿Es realmente conveniente que en Colombia se introduzca la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Quizás, el principio de subsidiariedad pueda ofrecernos alguna luz al respecto.
La delincuencia empresarial y los delitos societarios son figuras que, en primera medida, podrían ser consideradas similares, debido a que ambas pueden tratarse como injustos cuya característica principal es la especial infracción del
La tensión entre el deber de vigilancia empresarial y la intimidad del trabajador resulta ser una coyuntura en donde la extralimitación del deber por parte del empleador puede vulnerar ese derecho fundamental del
El deber de denunciar es una obligación constitucional y legal. En su desarrollo jurídico-penal, se establece una diferencia entre los particulares y los servidores públicos. Sin embargo, no sucede lo mismo entre una
Se ponen de presente las diferentes concepciones de la prohibición de regreso, su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y la importancia de la normativización de los criterios de la prohibición en el
Desde ninguna óptica, compatible con nuestro actual modelo constitucional, puede el Estado convertirse en un instigador o provocador de actos delictivos y mucho menos para cumplir con fines investigativos.
Se destaca la importancia que tiene el principio de confianza en las dinámicas empresariales, y los riesgos que pueden surgir de su aplicación.